Tajante un periodista en el juicio a GARCÍA ORTIZ: “Sé quién es la fuente y el FISCAL es inocente”.

El proceso que enfrenta al Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, con la investigación por presunta revelación de secretos se ha convertido en uno de los episodios más complejos y mediáticos del año.

Esta instrucción, impulsada por el Tribunal Supremo, tiene su origen en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado de delitos fiscales y falsedad documental, cuya investigación ha colocado bajo examen el papel de la fiscalía, los medios de comunicación y el poder político.

Una de las piezas clave del entramado es el correo electrónico enviado por el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024, en el que se proponía un pacto de conformidad con la Fiscalía tras reconocer la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Ese correo desencadenó, según el auto del instructor, una cadena de comunicaciones que terminó filtrándose a un medio de comunicación antes incluso de que García Ortiz tuviera acceso al expediente.

En el centro del debate está la actuación de los medios, los tiempos de las filtraciones y las responsabilidades de las instituciones.

Periodistas han declarado ante el Tribunal Supremo que tuvieron acceso a la información horas antes de que la Fiscalía dijera tenerla y que recibieron pantallazos del correo antes de que el fiscal general fuese notificado.

Por ejemplo, un periodista señaló que “tenía un dilema moral porque sabía que alguien era inocente, conocía la fuente, pero no podía revelar su identidad por secreto profesional”.

El juicio al fiscal general incluye la declaración de periodistas, fiscales y altos cargos.

La instrucción señala que García Ortiz, después de que el diario El Mundo publicara el 13 de marzo de 2024 que la Fiscalía había ofrecido el pacto a González Amador, ordenó la difusión inmediata de una nota de prensa para desmentir esa versión.

Esa nota se ofreció antes de que la fiscalía tuviera completo el correo en su poder.

Por su parte, González Amador aseguró que la filtración lo “mató públicamente” y que la gestión de aquella noche supuso un “destrozo” para su vida personal y profesional.

“O me voy de España o me suicido”, declaró ante el tribunal, lo que puso en evidencia el impacto emocional del episodio.

Lo que hace especialmente relevante este caso es que no se limita a dirimir la responsabilidad de un fiscal o un medio de comunicación, sino que plantea cuestiones más amplias: cuál es el papel de la prensa cuando dispone de la información antes que los órganos oficiales; cómo reaccionan las instituciones ante una filtración; y de qué manera el poder político puede influir en el relato público de un proceso judicial.

La defensa del fiscal insiste en que no hubo revelación de secretos, puesto que la información ya estaba circulando en los medios antes de su intervención.

Este caso también coloca bajo el foco la figura del entorno de Ayuso, y la gestión comunicativa que rodea al caso de González Amador.

El exjefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció haber difundido parte de la información relacionada con el correo, aunque negó conocer detalles anteriores sobre la negociación.

El análisis jurídico y mediático coincide en que, más allá del delito que se estudia, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la confianza pública.

Como apuntó un editorial reciente, “la inseparable vinculación de secretos y calumnias” se ha manifestado en esta causa como nunca antes.

A medida que las sesiones del juicio avanzan, con la declaración de más de 40 testigos y periodistas, el escenario que se está configurando muestra que la verdad detrás del caso no es simplemente penal.

Es un tablero en el que se miden la influencia, los plazos, la información y la estrategia política.

La pregunta que queda en el aire es: ¿quién tuvo primero la información? ¿Quién la filtró? Y sobre todo: ¿por qué?

El desenlace de este proceso tendrá consecuencias no solo para las personas implicadas, sino para el sistema de justicia y para los medios de comunicación, aleccionando sobre los límites del secreto profesional, la responsabilidad institucional y el derecho a la información en una sociedad democrática.